El Ministerio de Cultura ya ha puesto en marcha el mecanismo que sirva para acallar críticas contra su polémica Ley Sinde. Esto es la Disposición Segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), a partir de la cual se llama a la creación de un comité que lleve ante la Justicia a aquellas webs de enlaces que se encarguen de facilitar la difusión no autorizada de material protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
Pues bien, uno de los puntos que formaba parte de la estrategia ministerial pasaba por animar a la creación de nuevas fórmulas que sirviesen para apoyar el desarrollo de iniciativas que hagan de Internet un aliado, y no un enemigo, como de un tiempo a esta parte parece haber entendido Cultura a partir de las manifestaciones de la titular de esta cartera. Para ello, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una convocatoria en la que se exponen las condiciones para acceder a ayudas a la financiación de empresas que promuevan la cultura en la red. La dotación de estas ayudas asciende a un total de 5,62 millones de euros
En el texto del ministerio, se deja claro que el acceso a las ayudas no puede representar más del 70 por ciento de la financiación total que requiera la empresa o la actividad del autónomo o creador que solicite una dotación. Es por ello que el resto tendría que salir del bolsillo del interesado.
Aunque la convocatoria se inscribe en el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas, este año la publicación de las condiciones del pliego son especialmente interesantes, ya que los fondos que se repartan como parte de esta acción podrían tener mucha importancia en la política tácita de Cultura por incentivar la explotación autorizada de contenidos protegidos a través de Internet, sirviéndose de fórmulas que no vulneren los derechos de los creadores y editores.
Y es que ahí es donde ha residido el principal riesgo que ha paralizado un debate que ha acabado con el desengaño de los usuarios de Internet hacia la clase política, y de los artistas hacia los internautas, sobre quienes ha llegado a pesar una sombra en sus acciones. Acciones que, por otro lado, la Justicia española todavía no ha reconocido como punibles.
Los ingresos proceden de una publicidad que se obtiene por acceso a las web; una publicidad que no está directamente relacionada con la descarga, sino por la explotación de los espacios promocionales de la página. Este argumento vendría a pulverizar las críticas de la corriente más agresiva contra el fenómeno de las descargas.
